Expertos debaten por el penal que anunció Boric: Abogan por seguridad real y evitar modelo Bukele, comenta Angélica Torres

El jueves de la semana en curso, que comenzó tras días en que varios hechos delictuales le costaron la vida a 18 personas, 17 de ellas en la Región Metropolitana, el Presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una cárcel de alta seguridad, una medida para enfrentar la crisis de seguridad que enfrenta Chile, entre otras que se espera implementar próximamente. En qué situación nos encontramos y a qué requerimientos debiera atender un penal para enfrentar el tipo de criminalidad que actualmente inquieta a nuestro país, es lo que consultamos a distintos profesionales de la academia, quienes entregaron su visión sobre el tema.

“La construcción de una cárcel de alta seguridad para combatir crimen organizado presupone comprender que el recurso (del) sistema penal no necesariamente es el más eficiente para combatir la criminalidad organizada, y que cualquier agenda de seguridad ciudadana debe ser, ante todo, preventiva; también implica entender que se trata de una medida de largo plazo, y no de efecto inmediato”, advirtió Torres.

“Implica asumir (también) que existe certeza respecto a que la coordinación de actividades delictivas se está desarrollando desde dichos recintos, y por ello se pone el foco en esto, y no en otras medidas de carácter preventivo, ejecutadas en otros contextos, fuera del sistema penal. Probablemente uno de los tantos objetivos de la construcción del recinto sea evitar la comunicación desde el interior de las cárceles hacia el exterior”, continuó la académica de Derecho UDP.

“Una de las medidas adoptadas en el contexto de la agenda legislativa priorizada en materia de seguridad, del año 2023, buscó este mismo efecto mediante la Ley N°21.594, que modificó el Código Penal, incorporando el artículo 304 para sancionar con una pena de entre 61 a 540 días de presidio, la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior (…) En el Informe de DDHH UDP 2023, se advirtió que dicha medida no sería útil para combatir el crimen organizado, y que sólo incrementaría sanciones -probablemente- respecto de la población penal en general”, agregó la profesora Torres.