Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, Servicio Jesuita a Migrantes y Clínica Jurídica UAH expusieron ante la CIDH
La instancia se desarrolló en Washington D.C., Estados Unidos,
28 / 11 / 2024
El miércoles 13 de noviembre, representantes del Servicio Jesuita a Migrantes, de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales y de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado expusieron “vulneraciones del Estado de Chile al derecho al asilo” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., Estados Unidos.
Macarena Rodríguez, académica representante de la Clínica Jurídica UAH y vicepresidenta del Directorio del SJM; junto a Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM; comparecieron ante la CIDH, representando a la Clínica de Migrantes y Refugiados UDP y a distintas organizaciones de la sociedad civil que adhirieron a esta solicitud, como Migrantas y Asoven.
Según informa el SJM, Rodríguez y Hilliger expusieron sobre las vulneraciones que se cometen en Chile contra el derecho humano a buscar y recibir asilo, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales “se cometen tanto en la frontera, como en el procedimiento de refugio”.
“Chile lidera el proceso de Cartagena +40 en la región, pero a su vez se ha avanzado en prácticas administrativas y modificaciones legales que solo obstruyen el ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y con ello obstaculizan el derecho humano a buscar y recibir asilo. En la práctica, la etapa de admisibilidad al procedimiento solicita imposibles a algunas personas, sobre la base de una interpretación errónea y restrictiva de ciertas normas reglamentarias”, comentó Francisca Vargas, directora de la Clínica de Migrantes y Refugiados UDP.
“Por otro lado, Chile, teniendo las herramientas jurídicas para hacerlo, no ha implementado un reconocimiento prima facie (por grupos) a personas venezolanas o haitianas, cuestión que es muy lamentable debido a la situación que provoca la salida forzada de los nacionales de esos países, el reconocimiento de aquello por parte del Estado chileno y la vulnerabilidad que genera la falta de documentación acorde al estatuto de protección correspondiente”, agregó la académica.
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