Decano Jaime Couso y académico Rafael Mery publican capítulos en nuevo libro colectivo sobre la educación legal de los Derechos Humanos en América Latina

Jaime Couso y Rafael Mery -decano y académico, respectivamente, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales– son autores de capítulos en el nuevo libro colaborativo: “La educación legal de los derechos humanos en América Latina”, recientemente publicado por la Editorial Tirant Lo Blanch. La publicación explora cómo la enseñanza del derecho en la región se ha visto marcada por contextos históricos y políticos particulares (autoritarismo, desigualdad, populismos recientes), así como por una tradición jurídica formalista que a menudo se encuentra desconectada de la realidad social.

Frente a estos desafíos, la obra reúne aportes de especialistas de varios países, quienes proponen experiencias innovadoras orientadas a transformar la formación jurídica hacia un modelo más crítico, democrático y comprometido con la justicia.

El decano Couso es autor del capítulo “Derechos humanos en la enseñanza del derecho penal: anverso, reverso y pedagogía”, en el que analiza el impacto de la perspectiva de los derechos humanos en la enseñanza del derecho penal en América Latina, distinguiendo dos enfoques complementarios: el “anverso” y el “reverso”. El primero refiere a la función tradicional de los derechos humanos como límites al poder punitivo del Estado (ius puniendi), anclado en principios liberales clásicos como legalidad, culpabilidad y debido proceso.

En este sentido, la enseñanza del derecho penal no requiere giros epistemológicos radicales, pues históricamente ha estado alineada con dichos principios. No obstante, en la práctica, se mantiene un enfoque formalista que muchas veces ignora la realidad autoritaria y arbitraria de los sistemas penales latinoamericanos. El “reverso”, en cambio, alude a una nueva perspectiva en la que el derecho penal también opera como herramienta para proteger los derechos humanos, especialmente en contextos de justicia transicional. Desde este enfoque se plantea, por ejemplo, la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos, línea promovida por instrumentos internacionales y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El capítulo aboga por una pedagogía crítica que integre ambas perspectivas -anverso y reverso- en la formación de futuros juristas, para fomentar un pensamiento reflexivo y equilibrado frente a los dilemas éticos del derecho penal.

Por su parte, el profesor Mery, firma el capítulo “Derechos humanos y abogados: una (nueva) exigencia de la profesión legal”, donde analiza la tensión entre los valores que socialmente legitiman la profesión legal -como la justicia, la igualdad y los derechos humanos- y la persistencia de discriminación y desigualdad en su ejercicio, particularmente al interior de las grandes firmas de abogados en América Latina.

Si bien las mujeres constituyen hoy la mayoría del estudiantado de derecho y una proporción creciente del mercado jurídico, siguen subrepresentadas en los cargos de mayor jerarquía. Esta desigualdad estructural se manifiesta no solo en la distribución del poder, sino también en sesgos persistentes y barreras invisibles que obstaculizan su desarrollo profesional. Mery sostiene que una de las raíces del problema radica en la formación jurídica tradicional, la cual transmite un habitus -en el sentido propuesto por Pierre Bourdieu- que reproduce jerarquías y patrones culturales excluyentes. La enseñanza del derecho, centrada casi exclusivamente en el estudio normativo y descontextualizado, minimiza la dimensión social y transformadora de los derechos humanos, relegándolos a asignaturas optativas o periféricas dentro del currículum.

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