23 / 12 / 2019
Cristián Riego – El Mercurio
Dice que cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional —y excluir cierta normativa— hace imposible fallar el fondo del caso vía unificación de jurisprudencia.
Sala Laboral resolvió el caso que originó las últimas tensiones entre ambas magistraturas: Hace tres años, Marvy Navarrete denunció a la Municipalidad de San Miguel ante el Juzgado de Letras de esa comuna por la vulneración de sus derechos fundamentales, mediante una acción de tutela laboral.
Pedía al tribunal que declarara que su despido era discriminatorio y que atentaba contra su derecho a la igualdad, entre otras cosas.
Y, además, que ordenara a su favor los pagos correspondientes.
Ese fue el caso que antes que se iniciara la crisis social el 18 de octubre pasado mantuvo enfrentada a la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional (TC). Ayer la Sala Laboral resolvió la causa. Determinó que no podía cumplir con lo dispuesto por el TC y mantuvo un criterio que —según abogados— ha ido afianzando en los últimos años: que si bien el estatuto administrativo, tanto general como municipal, no regula explícitamente la aplicación de los juicios de tutela laboral a los empleados públicos, les es aplicable de forma supletoria este procedimiento. El caso de Navarrete llegó al máximo tribunal porque como en primera instancia se falló a su favor, el municipio intentó revertir la decisión judicial en la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante un recurso de nulidad, y luego en la Suprema, vía unificación de jurisprudencia.
Código del Trabajo vs. Estatuto administrativo Cuando este último recurso se encontraba en tramitación la misma municipalidad decidió ir paralelamente al Tribunal Constitucional y pedir un pronunciamiento, porque —en su opinión— toca a los empleados públicos regirse por el estatuto administrativo y no por el Código del Trabajo, y bajo ese prisma no pueden denunciar vulneración de derechos fundamentales, como ocurrió en este caso. La tesis planteada por el municipio fue acogida por el TC y declaró inaplicable la normativa del Código del Trabajo al caso de Navarrete y así volvió la causa a la Corte Suprema para que esta resolviera el fondo del juicio.
