Académica de Wisconsin y profesor de Derecho UDP discuten sobre el impacto de las pruebas periciales en condenas erróneas en EE.UU. y Chile

“Las pruebas forenses son muy poderosas porque la verdad es escurridiza”. Esa es una de las advertencias que Carrie Sperling, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin, expresó en su presentación en el coloquio “El impacto de la prueba pericial en las condenas erróneas: Una conversación acerca de las experiencias y posibles soluciones en Estados Unidos y Chile”, la cual se realizó el 22 de marzo en la Facultad de Derecho de la UDP.

La aseveración tiene una explicación: según ella, los jurados y jueces en los juicios “buscan certezas donde aferrarse y, usualmente, es la ciencia lo que les da esa certeza”. Sperling —co-directora del Proyecto Inocente de Wisconsin, el cual busca excarcelar a personas injustamente condenadas— es tajante: “Es por eso que prueba forense poco fiable es tan peligrosa. De hecho, usualmente se ignora evidencia muy sólida que probaría la inocencia de un imputado, como testigos que lo posicionan en cierto lugar al momento del crimen o evidencia que apunta hacia otra persona”.

Durante la exposición de la académica estadounidense, quien tiene una extensa carrera ligada a este tema, expuso diferentes casos sobre condenas y procedimientos policiales erróneos basadas en pruebas forenses poco fiables.

Carrie Sperling

Carrie Sperling

Por ejemplo, lo que le sucedió a Ray Krone, quien estuvo preso diez años tras ser acusado de asesinar a su pareja. O la situación de Brandon Mayfield, un abogado norteamericano que fue arrestado en 2004 por su presunta participación en los atentados al metro de Madrid.

Pero también comentó el caso de Steven Avery, protagonista de la serie de Netflix “Making a Murderer” y por la cual el Proyecto Inocente de Wisconsin se hizo famoso mundialmente.

Avery fue sentenciado a 32 años de prisión en 1985 tras ser acusado de cometer un ataque sexual contra Penny Beerntsen. Tras cumplir 18 años preso, la organización que actualmente dirige Sperling ayudó a liberarlo en 2002 luego de que presentaran una prueba de ADN que lo exculpaba y, al mismo tiempo, inculpaba a otra persona.

Sin embargo, unos años después, fue condenado por el asesinato de una fotógrafa, recibiendo una pena perpetúa y donde también —según el documental— habría habido errores en la investigación, como también en las pericias científicas empleadas.

“El documental intenta relevar el hecho de que, sorprendentemente, esta persona fue condenada erróneamente dos veces. ¿Qué tan común es eso? En mi experiencia es muy probable que pase, porque son las mismas condiciones que llevan a una condena errónea”, opinó Sperling.

Por último, la profesora hizo una reflexión final: “En Estados Unidos, donde tenemos la pena de muerte y penas realmente muy altas, existen consecuencias muy serias si se usa prueba forense científica que no es confiable”.

Y agregó que en el sistema judicial de su país, luego de que una persona es condenada, existen mecanismos para poder cuestionar el juicio “pero apuntan a aspectos sobre la confianza de éste, como si se tuvo un buen abogado. No hay una forma fácil de ir a la Corte y decir ‘sabe, las denominadas pruebas científicas que se usaron para condenarme no son de fiar, así que debería tener otra oportunidad’. Nunca llegamos al fondo de qué hacer con este tipo de casos donde miles de personas son condenadas y enviadas a prisión basadas en una mentira. Y ese es el mayor peligro de la ciencia forense”.

Duce: “La prueba pericial es uno de los factores que aumenta la probabilidad de condenas erróneas”

Tras la intervención de Carrie Sterling, fue el turno del profesor de la Facultad de Derecho UDP, Mauricio Duce, quien también ha investigado este tema en nuestro país.

“Hoy hay mucha evidencia, en el ámbito comparado, que demuestra que la prueba pericial es uno de los factores que aumenta la probabilidad de condenas erróneas”, comentó el académico iniciando su presentación.

Mauricio Duce

Mauricio Duce

Según una investigación que realizó, hay varios factores que explican el fenómeno: el uso de pruebas poco confiables, el mal comportamiento de los peritos e incluso los “jueces tienen problemas importantes en la valoración de la prueba, ya sea porque le asignan un peso superior al que debieran la prueba pericial o porque los criterios que usan para valorarla no son consistentes con lo que la ciencia nos indica”.

En Chile, según el profesor, se producen cerca de 350 mil informes periciales al año, lo cual es una buena cifra, dice. Sin embargo, “cuando se escarba en la cifra se ven los problemas: por de pronto, hay mucho peritaje que se presenta como tal pero no tiene nada que ver”. Entre esos, están los informes de sitio del suceso, informes psicosociales o incluso alcoholemias.

Además, complementa Duce, “en lo que sí es prueba y que llevamos a juicio, hay categorías de pruebas pericial extremadamente problemáticas desde el punto de vista de su confiabilidad”.

Entre las complejidades que ve el académico es que existe un déficit en especialización de los peritos y una demora significativa en entregar los resultados. También, no existe un debate adecuado de exclusión de prueba en las audiencias de preparación de juicio oral, como también —ya en los juicios—hay “exámenes directos insatisfactorios” a los peritos. “Se cuestiona muy poco y los contra exámenes son escasos o nulos”, dice Duce.

El académico también llama a una reflexión sobre los laboratorios que realizan pruebas periciales en Chile. Si bien dicen que estas organizaciones son buenas, no tienen acreditación internacional, como también —en el caso de los laboratorios de Carabineros y la PDI— existe “un problema importante de dependencia institucional”. Esto porque existen antecedentes en la literatura comparada “de posibles introducción sesgos importantes por parte los superiores a los expertos” como ocurrió en los peritajes de los teléfonos en la Operación Huracán.

Entre las propuestas, Duce dice que se debe fortalecer la capacitación institucional y que existan reformas legales para que favorezcan mayores y mejores niveles de control. También que exista una política para mejorar la formación de las profesiones que realizan los peritajes.

Sobre los laboratorios, lo que plantea es que se “discuta el problema de la institucionalidad pericial: tenemos tres o cuatro laboratorios. ¿Vale la pena tener tantos? ¿No deberíamos tener un gran laboratorio en vez de depender una institución descentralizada?”.

El Proyecto Inocente de Wisconsin está compuesto por doce a veinte estudiantes de Derecho de la U. de Wisconsin quienes trabajan en casos a tiempo completo. Actualmente, dice Carrie Sperling, tienen 56 casos activos y una lista de espera de casi 200. “Los alumnos reciben grandes archivadores con los casos. Allí aprenden a indagar y cuestionarse todo”, dice la co-directora del programa.

Sin embargo, ella esperaría que este trabajo no dependiera de estudiantes ni organizaciones como el Proyecto Inocente, sino que exista una institución estatal que revise qué errores se cometieron cuando se condenó erróneamente a una persona. “En Estados Unidos existe una Junta Nacional de Seguridad del Transporte la cual investiga los accidentes, por ejemplo, de aviones o trenes. Lo que queremos saber es cómo pasó y cómo prevenir que suceda nuevamente”, comenta.

Sperling concluye que se necesita una “especie de Junta Nacional para Condenas Erróneas y así, de una forma seria, estudiemos estos casos y ver cómo podemos mejorar el sistema”.

Según Sperling, el porcentaje de condenas erróneas en EE.UU. es en torno al 5% o 10%. El Registro Nacional de Exoneraciones estadounidense, de la U. de Michigan, muestra que desde 1989 ha habido más de 2.000 personas inocentes que fueron condenadas y posteriormente liberadas.

Gran convocatoria obtuvo el coloquio organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación.

Gran convocatoria tuvo el coloquio organizado por el Programa de Reformas Procesales y Litigación.

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