Columna de Angélica Torres y Marcela Zúñiga: Ley Naín-Retamal: un desincentivo de justicia para las víctimas del estallido social

“El razonamiento del Tribunal merece un análisis crítico. Interpretar que la sola existencia de una presunción legal invalida el proceso judicial no solo restringe la posibilidad de control jurisdiccional, sino que corre el riesgo de consolidar una inmunidad de facto para el uso excesivo de la fuerza en situaciones que involucran a civiles. Este enfoque podría desincentivar futuros esfuerzos para exigir justicia en casos de presuntas violaciones de derechos humanos, afectando la confianza en el sistema de justicia y en su capacidad para equilibrar la protección de la seguridad pública con la garantía de derechos fundamentales”.

“La aplicación de la Ley Naín-Retamal, como cualquier norma jurídica, requiere un análisis cuidadoso de sus límites y alcances. Al sugerir que las diferencias de interpretación jurídica entre el Ministerio Público y el Tribunal constituyen una falta de objetividad, se corre el riesgo de simplificar debates complejos que son inherentes al ejercicio del derecho penal en un Estado democrático. En este sentido, más que desalentar el litigio, el sistema judicial debe ser un espacio donde se esclarezcan estas diferencias, fortaleciendo tanto la protección de los derechos humanos como la confianza ciudadana en sus instituciones”.