Columna de Francisco Estrada y María José Jara: La crisis sin fin de la protección a la niñez
Francisco Estrada y María José Jara - La Tercera
19 / 10 / 2023
Este mes se cumplen dos años desde la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez”. El comienzo de sus operaciones en octubre de 2021 generó grandes expectativas de que fuera una oportunidad para saldar deudas vergonzosas del Estado de Chile en materia de protección infantil. Se presentó como un reemplazo del criticado Sename, rodeado de frases y eslóganes grandilocuentes (“Mejor Niñez”, “Los niños primero”) y promesas de un enfoque renovado que permitiera hacer, ahora sí, las cosas bien en relación con la niñez vulnerada en sus derechos.
Sin embargo, ese 1 de octubre, el país falló estrepitosamente: la puesta en marcha del nuevo Servicio adoleció de imperfecciones y errores. No había plan de implementación y la dotación del personal era poco más de la mitad de la que se estimaba necesaria, en gran parte proveniente del antiguo Sename.
De hecho, tan sólo 15 días antes de que el Sename cerrara sus puertas, las autoridades inauguraron una nueva residencia de administración directa. Cada apertura de residencia, de por sí, constituye un arduo desafío por la complejidad que involucra; abrir una residencia dependiente del Sename en medio de un proceso de traspaso producido por un cierre institucional y la creación de un nuevo Servicio es una irresponsabilidad. No es de extrañar que a pocos meses de su inauguración se anunciara su cierre, rodeado de denuncias de agresiones y explotación sexual comercial.
Varios de los problemas que caracterizaron al antiguo Sename no sólo no se han superado, sino que en algunas áreas son aún más graves. El cumplimiento de la promesa asumida por el Estado de cerrar definitivamente los centros masivos denominados CREAD se ha dilatado, las nuevas residencias que los reemplazan han revelado decepcionantes falencias y la violencia en las residencias de protección continúa siendo igual o más cruda que antes.
Los problemas en las licitaciones de los proyectos de “Mejor Niñez” han sido tan serios que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso. El número de supervisiones realizadas por “Mejor Niñez” es bajo respecto del total de residencias y programas, aunque explicable dados los déficits en la contratación del personal. La instalación de nuevas residencias ha presentado dificultades, incluso obligando al cierre de más de alguna. Estos son solo algunos ejemplos de los problemas que ha presentado la implementación del Servicio, parte de los hallazgos del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2023 de la Universidad Diego Portales, que se lanzará en noviembre.
¿Las causas de estos problemas? Por el momento podemos esbozar varias y de distintos tipos. Algunas están vinculadas a la labor legislativa, como aprobar la ley que crea el Servicio antes de la aprobación de la Ley de Garantías (que cambia actores y reglas del juego del sistema de protección), o fijar un muy acotado período de vacancia ―menos de nueve meses― que no se condice con la magnitud de las tareas que requiere levantar un nuevo servicio público. Otras se relacionan con la decisión de contar con un equipo implementador de apenas seis personas, varias sin experiencia previa en el sistema proteccional. Finalmente, otras se asocian con los graves problemas de gestión heredados del Sename y que no fueron adecuadamente abordados ni por la ley ni por el equipo implementador.
La actual directora de Mejor Niñez ha sido franca ante la comisión investigadora sobre los nudos críticos que presenta el Servicio; y eso, de por sí, es un avance. Reflexionar críticamente sobre los primeros años de implementación del Servicio permite considerar las lecciones aprendidas en este tiempo e intentar enmendar el rumbo más temprano que tarde. Sin embargo, esto requerirá esfuerzos significativos y transversales, no solamente de “Mejor Niñez” sino también de todo el Estado y la sociedad en su conjunto. Urge afrontar con determinación esta crisis sin fin del sistema de protección a la niñez antes de que un nuevo caso dramático nos lleve a lamentarnos y preguntarnos, una vez más, dónde fallamos.
Por Francisco Estrada, ex director Nacional del Servicio Nacional de Menores, y María José Jara, académica de Derecho Público UDP, ambos fueron parte del equipo de investigación del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2023.