Columna de Hugo Herrera: “Dialogar hasta que duela” o el contubernio entre empresarios, políticos y columnistas

Lo importante no es Zalaquett. Lo relevante es lo que dejó a la vista.

La política necesita diálogo. Que exista viene a significar que se reconoce al otro en igualdad de condiciones y no como un mero enemigo al cual simplemente someter. El fracaso no de uno, sino de dos procesos constituyentes deja bien ilustrada la importancia de conversar.

Pero hay diálogos y diálogos. Hay intercambios de pareceres entre adversarios que son elogiables, donde las partes son capaces de esgrimir argumentos sobre la base de visiones del país y logran incluso ponerse de acuerdo acerca de asuntos relevantes; algo así como lo que ocurrió en la Comisión Experta del segundo proceso constituyente.

Hay diálogos, en cambio, que se realizan a hurtadillas, entre personas dotadas de influencia, poder o dinero, destinados a mejorar las propias posiciones. Piénsese en los “diálogos” que habrán tenido los dueños de cadenas de farmacias para coludirse en su minuto, o los productores de pollo o de papel higiénico, etc.

En un caso se trata del interés general de la nación o del bien común; en el otro caso, del interés individual o de un grupo pequeño.

No sabemos en detalle lo que ocurrió en la casa de Zalaquett y es algo que la justicia debe determinar, si no queremos acabar en la anomia. Lo que sí sabemos es: que se reunían empresarios, con políticos relevantes, incluidos ministros de Estado, y con columnistas de la plaza y miembros de centros de estudios. También sabemos que corría dinero en torno a las reuniones.

Un diálogo del primer tipo, sobre el interés general de la nación, no necesita hacerse tras bambalinas. Si lo de Zalaquett hubiese sido eso, entonces los empresarios, columnistas, ministros, dirigentes de partido, los expertos de “think tanks” convidados podrían haber hecho públicas las conversaciones y sus resultados. O, incluso, convocado a un gran seminario, manifiesto y notorio, tipo Congreso Futuro, donde la ciudadanía hubiese tenido posibilidades de participar y de ver qué tipo de argumentos se esgrimían. Pero no se trataba de eso, sino del segundo tipo de diálogos, el sospechoso. Del diálogo para sellar lazos de confianza entre personas influyentes, de mediar entre intereses particulares, de facilitar negociaciones beneficiosas para individuos determinados. Por eso las reuniones se hacían con sigilo.

“Entre bueyes no hay cornadas”, dice el refrán. Una vez que baja la guardia, las autoridades y los columnistas tienden a volverse condescendientes con el empresariado. Cuando se ha participado conjuntamente en reuniones al margen de la ley, cuando se han recibido pagos suculentos, cuando ya hay un entendimiento tácito en la irregularidad, entonces los posibles controles sobre los que descansa el régimen político-institucional caen o se debilitan. La completa institucionalidad queda comprometida, porque se estimula que personas que forman parte de esferas que debieran más bien vigilarse unas a otras, con lealtad a la República por sobre el interés personal, terminen operando en connivencia. Por eso existe la llamada Ley del Lobby: para evitar que las élites se conviertan en una oligarquía que privilegie sus intereses individuales o de grupo antes que el interés nacional.

Esa era la idea, al menos.

Ahora, en cambio, hay derecho a preguntarnos: ¿Qué garantía podremos tener, luego de estas decenas de reuniones entre decenas de personas influyentes, de que las autoridades que concurrieron a ellas sean imparciales en sus decisiones? ¿Que traten igual o parecidamente a quienes estuvieron en la casa de Zalaquett y al buen ciudadano o ciudadana de un pueblo de provincia? ¿Qué confianza podremos depositar en las columnas de opinión o en las expresiones de los centros de estudio, si los columnistas y miembros de esos centros de estudio no tienen empacho, ya no solo en mantener en secreto las listas de quienes los financian, sino en codearse en sigilo y regularmente con los empresarios y lobbistas en reuniones irregulares?

El diálogo del que estamos hablando es especialmente doloroso –y en esto el Presidente dio, sin quererlo, en el blanco–, porque ocurre en una época de crisis política y social, la Crisis del Bicentenario. Se trata, probablemente, del episodio más serio de pérdida de legitimidad de las instituciones en el último medio siglo. Esa crisis se debe, en una parte decisiva, a que las élites devinieron oligárquicas, es decir, a que ellas operan como lo están ilustrando, precisamente, los encuentros donde Zalaquett.

Por Hugo Herrera, académico de Derecho UDP, en El Mostrador.