Discapacidad mental y Derecho: ¿hasta qué punto importa la autonomía?, comenta Carlos Pizarro

La insuficiencia de recintos especializados psiquiátricos para el cumplimiento de medidas de seguridad ordenados por los tribunales y la limitación de salidas alternativas dentro de la legislación procesal penal en situaciones donde personas sufren trastornos mentales son algunas de las deficiencias en el sistema judicial chileno respecto a la materia.

“Lo que buscamos en este congreso es volver a insistir en la necesidad de adaptar nuestro derecho interno, que tiene una regulación muy absolutista, ya que desde el momento en que te declaran interdicto pasas a ser un paria social”, advirtió Carlos Pizarro, consultado respecto a la problemática presentada en el Seminario Internacional «Hacia un nuevo régimen integral para regular y facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica en Chile».

El evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, la Fundación Fernando Fueyo, el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, la Escuela de la Psicología de la Universidad de los Andes y la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. El objetivo principal fue visibilizar la necesidad de un sistema jurídico más amigable con aquellos grupos más vulnerables, como los menores de edad, las personas mayores y aquellos con discapacidades mentales.

“Lo mismo ocurre con la tercera edad, a quienes se les exigen certificado de idoneidad o capacidad emitidos por psiquiatras, lo que da cuenta de un distanciamiento total de lo que es la Convención Internacional y de lo que se merece las personas de avanzada edad, a quienes no se tendría por qué presumirse su situación de discapacidad. Es una práctica muy nociva y muy irrespetuosa”, añadió el académico de Derecho UDP respecto de uno de los diversos problemas presentes en el sistema jurídico chileno.