09 / 11 / 2021
La coordinadora de investigación, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental y Profesora del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho UDP, es Doctorada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Derecho Ambiental, University College London, Reino Unido y abogada de la Universidad de Chile.
Su especialidad y líneas de investigación están inmersas en el derecho y la política ambientales. En este ámbito, recientemente publicó un capítulo del libro “Derechos sociales y el momento constituyente en Chile”, editado por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), de la Universidad de Concepción y la Universidad de Essex. Además, acaba de elaborar una minuta de síntesis titulada “Hacia una Constitución Ecológica: Herramientas comparadas para la consagración constitucional de la protección del medio ambiente”, que le fue encargada por FLACSO como insumo para el proceso constituyente.
En sus años de investigación en derecho y medio ambiente ¿cuáles considera sus principales hallazgos?
Después de estos años de investigación en derecho ambiental he adquirido la convicción que esta disciplina del derecho debe nutrirse de otras disciplinas, quizás como pocas otras áreas del derecho. En este ámbito jurídico, lo que pueda aportar la ciencia, en toda su amplitud, es fundamental. Pero también, la filosofía, la historia y las ciencias sociales en general.
¿Cuáles son las dificultades para realizar investigación en Chile en este ámbito del derecho?
El derecho ambiental en Chile está concebido desde su aplicación práctica y fundamentalmente administrativista. Por lo tanto, la investigación relacionada con aspectos propios de la disciplina o que se refiera a sus fundamentos conceptuales, es todavía escasa e incipiente. En ese mismo sentido, si el derecho ambiental en Chile tiene menos de 30 años de historia, la investigación académica en esta disciplina es aún más joven y con menos trayectoria. Eso creo que explica que la investigación en derecho ambiental no tenga todavía la fuerza para influir en la realidad jurídica nacional. Además, en las escuelas de derecho nacionales sigue siendo una disciplina muy menor en comparación con otras áreas más tradicionales del derecho. Todo esto, sin embargo, se traduce en algo poco común en el derecho: hay mucho por hacer, proponer, analizar, conocer y estudiar, y eso es muy estimulante para un investigador.
A nivel comparativo, ¿en qué situación se encuentra la regulación medio ambiental en Chile?
Todavía nos falta mucho por avanzar. Incorporar instrumentos de protección de la naturaleza, de mitigación y adaptación al cambio climático. Mayor fuerza a la priorización de usos y no-usos de los bienes o recursos naturales. Mayor reconocimiento a reglas y criterios de justicia ambiental.
En 2019 se adjudicó un Fondecyt de Iniciación titulado “Determinación de reglas y criterios de justicia ambiental en la fiscalización, sanción y cumplimiento”, ¿qué pudo determinar en cuanto la justicia ambiental en Chile?
El principio de justicia ambiental y su reconocimiento a través de reglas y criterios en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido un tema que he trabajado desde hace años, primero en mi tesis doctoral y luego en este proyecto Fondecyt. Los hallazgos de mi investigación han sido consistentes en cuanto a que su reconocimiento en nuestro derecho ambiental y de los recursos naturales es débil. Sin perjuicio de ello, existen algunas manifestaciones importantes que permiten pensar en la posibilidad de su progresiva y mayor incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.
¿Cuáles son los elementos que a su juicio deben ser incorporados en la nueva Constitución en esta materia?
Creo que es muy importante incorporar principios ambientales en la Constitución. Como el de justicia ambiental o equidad y participación. Junto con ellos hay otros igualmente relevantes, como el preventivo, precautorio, de no regresión. Además, deben reconocerse derechos y una amplia legitimación para hacerlos valer. Por otro lado, el régimen jurídico de la propiedad de los recursos naturales y de las potestades públicas para regular su acceso, uso y aprovechamiento me parece clave. Finalmente, reconocer la situación de cambio climático en que nos encontramos y el deber de todos de hacernos cargo de esta realidad.
¿Cómo proyecta su trabajo de investigación? ¿Hacia dónde deberían apuntar los próximos desafíos?
Pienso que me gustaría explorar nuevos ámbitos del derecho ambiental que no he estudiado. Hay muchos temas que tengo pendientes. Por ejemplo, cómo vamos a enfrentar -desde una perspectiva jurídica- la transición energética que debe venir. Por otro lado, los desafíos jurídicos que plantea el no uso de la naturaleza. La incorporación de un enfoque ecocéntrico a nuestro derecho ambiental. Por nombrar algunos.