El Mercurio Legal | Rondas preventivas masivas: ¿la nueva panacea en materia de seguridad? – Mauricio Duce

Desde marzo de este año se ha venido difundiendo en forma periódica la realización de las denominadas “rondas preventivas masivas” policiales (al mes de agosto se habrían efectuado ya seis de estas desde que asumió el nuevo gobierno). Ellas se caracterizan por ser operativos llevados adelante por las policías, especialmente Carabineros, en los que se realizan una gran cantidad de procedimientos de control de identidad y vehiculares a la población, concentrados en algunas pocas horas y en determinados sectores de la ciudad. Se pretende con ellos identificar a personas con órdenes de detención pendientes, impedir situaciones de flagrancia y, en general, disuadir la comisión de delitos. El presidente Piñera ha participado en algunos de ellos con alta cobertura mediática y la autoridad ha señalado que se seguirán efectuando al considerarlas una estrategia valiosa en el “combate contra el crimen”. Por cierto, parlamentarios y otros personeros civiles y policiales han mostrado adhesión importante a su desarrollo.

Para tener una idea de su magnitud, entrego algunas cifras. Según reportan diversos medios, en los operativos de julio pasado se realizaron más de 211 mil controles de identidad y agosto se superó los 261 mil. Es decir, una cantidad muy importante y masiva.

Se anuncia también con mucha fuerza que estos operativos tienen importantes resultados. Así, por ejemplo, según Carabineros, en el operativo del mes de julio se habrían practicado 4.257 detenciones (2.748 por flagrancia y 1.509 por órdenes de aprehensión pendientes), además de haber incautado municiones (249), armas (171) y vehículos (36).

¿Cómo evaluar estas rondas preventivas masivas? ¿Se trata de resultados relevantes? Lo primero que es necesario señalar es que estos procedimientos no son nuevos en nuestro país ya que se vienen realizando desde hace varios años. La diferencia es que ellos probablemente no se efectuaban en forma tan sistemática como ahora y claramente con menos de publicidad que los actuales. En mi opinión, se trata de una estrategia que podría ser razonable utilizar cada cierto tiempo, pero como un complemento menor de una política más sofisticada en materia de seguridad ciudadana. Efectivamente estos operativos produce algunos resultados de corto plazo que pueden contribuir a la seguridad pública. Con todo, no debe perderse de vista que su eficacia para resolver problemas graves de delincuencia es extremadamente limitada y ello es más o menos obvio considerando que sus resultados no descansan en un trabajo investigativo sofisticado, sino simplemente en la “suerte de lo que una pesca masiva de arrastre puede traer”.

Lamentablemente, la publicidad que autoridades le han dado a su realización y la fuerza con la que se defienden en el debate público hace pensar que estos operativos son vistos como una estrategia de seguridad pública de mayor relevancia que lo que se debiera esperar. El riesgo de descansar mucho en estos procedimientos es que ellos tienen la capacidad da producir “estadística” que da la sensación que estamos avanzando, pero que genera efectos escasos en el control real de la delincuencia más problemática a mediano y largo plazo. Eso puede llevar a la autoridad y a las instituciones policiales a descansar mucho en una medida que puede ser más efectista que efectiva.

Miremos por ejemplo con un poco más de detención los datos del operativo de julio pasado que dispongo desagregados. Según cifras entregadas por Carabineros, por cada 140 controles realizados en ese operativo se puedo detener a una persona con orden de detención pendiente. Se trata de una cifra muy superior a la orden detectada por cada 30 controles (más de cuatro veces más) considerando las cifras acumuladas por el trabajo de nuestras policías en el período comprendido entre junio de 2016 y julio de 2017. Un fenómeno similar ocurre con las detenciones por delito flagrante que en el operativo de julio se obtuvieron en una proporción de una cada 77 controles y, en cambio, en el período comprendido entre junio de 2016 y julio de 2017 fueron de una cada 23,5 controles. Esto indicaría que la capacidad de detectar órdenes de aprehensión pendientes y realizar detenciones por flagrancia sería muy superior cuando las policías realizan los controles de identidad de forma regular y no en estas rondas preventivas masivas. Se trata de un resultado más que esperable como ya señalaba por la naturaleza de la intervención policial que se realiza.

Lo mismo ocurre cuando se analiza la calidad de las detenciones practicadas en las rondas masivas. Así, en el mes de julio de 2018, sólo un 59% de los detenidos fue pasado a una audiencia de control de la detención en un tribunal penal, lo que nos habla de la relevancia de los hechos que motivaron practicar esas detenciones. Esto se explica al ver que la gran mayoría de las detenciones no son por delitos de connotación social, por ejemplo, un 39% de ellas lo fue por faltas y otros delitos (en su gran mayoría menores). Ahora bien, las detenciones sólo son útiles en la medida en que luego se puedan traducir en casos llevados con solvencia por los fiscales ante los jueces. Lamentablemente, la autoridad no ha comunicado cifras de qué pasa con posterioridad con estos casos que son llevados a tribunales, pero me temo que en su gran mayoría dichos procesos concluyen con casos que no llegan hasta el final (son desechados por los fiscales), son resueltos tempranamente con salidas alternativas y, los que llegan a condena, lo son con penas de menor entidad.

El combate efectivo contra las formas más peligrosas y problemáticas de delincuencia, por ejemplo las bandas y organizaciones criminales, supone el desarrollo de estrategias más sofisticadas de actuación policial y la focalización de importantes recursos. Una banda criminal no se desarticula con un control de identidad aleatorio realizado un fin de semana al mes, sino con un trabajo complejo de inteligencia y acumulación de evidencia de diversa naturaleza, entre otros aspectos.

En este contexto, la forma en que se ha presentado a la opinión pública estas rondas preventivas masivas tiene el serio problema de generar la sensación de que se hace algo que luce efectivo, pero en realidad se gasta en el camino una cantidad importante de recursos policiales siempre escasos y se pierde tiempo y energías en el despliegue de soluciones de fondo a los problemas más serios de delincuencia.

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