El Mercurio | Test de drogas: Diez funcionarios del Poder Judicial y cuatro del M. Público marcaron positivo – Juan Enrique Vargas

Un total de 10 personas, entre funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa (CAPJ) de este, marcaron positivo a cocaína o marihuana en el control de consumo de drogas que realizó la institución en 2017 La muestra estaba compuesta por un universo de 541 empleados. El mismc test se aplica en el Ministerio Público y la Defensoría (ver recuadro).

La cifra está dentro de un margen de estabilidad en relación con resultados de los últimos años, pero puede se. considerada alta al revisarse la evolución histórica de los mismos.

Estos exámenes aleatorios comenzaron a aplicarse hace prácticamente una década, con el auto acordado de la Corte Suprema y reglamento, que estableció normas para la prevención y supervigilancia del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Desde entonces, cada enero se realiza mediante tómbola informática un test a un grupo de funcionarios.

Solo fue distinto el primer año de implementación de esta normativa, cuando la muestra fue constituida de manera voluntaria por los ministros de la Corte Suprema y los directivos de la CAPJ. La tasa de consumo promedio entre 2008 y 2014 fue de 2,2 personas (alrededor del 1%), dándose en 2015 la única variación al alza de relevancia, cuando 15 funcionarios marcaron positivo (2,9%). Al año siguiente, la cifra bajó a nueve.

Cada persona que arroja un resultado positivo debe —de acuerdo al auto acordado y reglamento sobre la materia— someterse a una evaluación clínica con un psiquiatra o psicólogo experto en adicciones, para determinar el tipo de consumo y emitir un informe con recomendaciones en cada caso. Además se les controla posteriormente.

Para el abogado y profesor de derecho UDP Juan Enrique Vargas, sin embargo, “consideradas las cifras a la luz de la prevalencia del consumo de drogas a nivel nacional, no debieran llamar mayormente la atención, pero sin dudas preocupan si se atiende al rol que juega el Poder Judicial en la materia, pues eventualmente —y dependiendo del rol que juegan en su interior los funcionarios afectados— pudiese disminuir su capacidad de actuar eficaz e independientemente no solo en casos de tráfico, sino en cualquiera”.

Su par de la U. Católica, Cristóbal Bonacic, coincide en este último punto. “El consumo de drogas dentro de instituciones que inciden en las investigaciones por ese tipo de delitos resulta siempre delicado”, dice.

“El Mercurio” accedió a estas estadísticas mediante Ley de Transparencia.

Modificaciones pendientes

Sise desglosan los test que dieron positivo a drogas desde que comenzó a realizarse este procedimiento, el grueso corresponde a funcionarios del escalafón de empleados. En 2009 hubo dos funcionarios que dieron positivo para el consumo de cocaína que pertenecían a escalafones superiores (primario y secundario, que incluyen ministros, fiscales judiciales, relatores de las cortes Suprema y de Apelaciones, jueces orales y de garantía, entre otros, por ejemplo). Para 2017, el Poder Judicial no entregó los cargos que ocupan los “positivos”, argumentando la “reserva” de esta información, pero sí el detalle de la conformación de la muestra: 77 personas del escalafón primario, 88 del secundario, 223 de empleados, 115 de contratas y 38 de personal CAPJ. Y, también, las reincidencias.

El año recién pasado dos funcionarios repitieron resultado positivo para el consumo de drogas, lo que se informa al Presidente de la Corte Suprema para los fines pertinentes, ya que el auto acordado y reglamento de drogas vigentes no abordan esta situación con precisión, explicaron desde el Poder Judicial. Ambos textos tienen una propuesta de modificaciones realizadas y están pendientes de aprobación por el pleno del máximo tribunal desde diciembre de 2016. El abogado Bonacic apunta que “deben existir pautas claras para el caso de reincidencia en el consumo; reglas que deben ser más estrictas en atención a la envergadura de la función pública que desempeñan”. Mientras Vargas advierte: “Sin dudas, solo cobra sentido preocuparse del tema y hacer estos exámenes cuando se ha definido una política clara de acción y reacción ante la aparición de muestras positivas”.

Recuadro:
Sanción, renuncia, remoción y multas en la fiscalía

También en el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública se aplica un examen aleatorio para detectar el eventual consumo de drogas de sus funcionarios.

Desde la Fiscalía se informó, mediante Transparencia, que en 2016 y 2017 el número de positivos fue el mismo: cuatro personas. Ambas muestras abarcaron 679 y 799 funcionarios. En los períodos no hubo fiscales.

Como resultado, de los ocho casos, hubo tres sanciones de multa, una renuncia, una remoción y tres investigaciones administrativas en curso.

En la Defensoría, la muestra tiene una composición distinta y fija, que no arrojó ningún positivo a cocaína o marihuana. Solo se examina al defensor nacional, Andrés Mahnke, la directora administrativa nacional, los jefes de gestión de personas y desarrollo organizacional, el jefe del departamento de informática y estadísticas, el de estudios y proyectos, así como el de evaluación, control y reclamaciones, más los 16 defensores regionales.

 

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