En los últimos 15 años al menos 60 políticos investigados por el Ministerio Público no fueron a juicio oral, comenta Cristián Riego

El 7 de enero de 2015, el senador Iván Moreira admitió frente a las cámaras haber utilizado un mecanismo irregular para financiar su campaña electoral. Tres años después, el fiscal Manuel Guerra pactó una suspensión condicional del procedimiento. El parlamentario nunca fue a juicio oral. El episodio fue tan controversial que generó la renuncia de los fiscales de Alta Complejidad Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los que inicialmente habían indagado la actuación del político.

Cristián Riego establece que los seis casos descritos –Golborne, Zalaquett, Peñailillo, Peñaloza, Walker y Fuentes– informan la comisión de los delitos descritos y sancionados en el Código Tributario (confección, venta o facilitación maliciosa de facturas u otros documentos tributarios); ilícito que se encuentra en grado de consumado y reiterado; y en concordancia con el artículo 15 N°1 del Código Penal, los involucrados actuaron en calidad de autores. Sin embargo, señala que “no son muy graves y las penas son relativamente bajas, son personas que no tienen antecedentes penales”, lo que justificaría pactar una suspensión condicional o un procedimiento abreviado.