Francisca Vargas - Radio 13C
08 / 10 / 2025
“¿Se puede detener? No, no se puede detener. O sea, no hay nada que podamos hacer nosotros para detener absolutamente los ingresos por paso no habilitado que tenga que ver con algo físico, o sea, con una zanja, una barrera, o poner a todos los militares tomados de la mano cubriendo los 800 kilómetros. Eso no funciona. Y la literatura es bien interesante, porque la experiencia internacional y nuestra propia experiencia también nos ha demostrado que la solución va por otro lado: por comprender cómo funcionan los flujos migratorios”.
“La invitación que nosotros haríamos jurídicamente hablando es pensar en revisar estas expulsiones y ver cuáles realmente hay que ejecutar y cuáles, de acuerdo a las leyes propias y a los estándares internacionales, en realidad no son ejecutables. Yo creo que es una prioridad ejecutar una medida de expulsión de una persona con un antecedente penal grave, y no de alguien que ingresó por paso no habilitado, que no es un delito, que lo hizo por causas de fuerza mayor y que tiene toda su vida acá, paga sus impuestos, trabaja desde hace diez años. Son situaciones muy diferentes, y por lo tanto habría que priorizar, precisamente porque los costos económicos son altos”.
“Lo que correspondería hacer ahí, y lo que nosotros apoyamos, es regularizar migratoriamente a las personas que ya están aquí. La buena noticia es que la legislación propone esta posibilidad: la autoridad migratoria puede crear procesos de regularización, como lo hizo el presidente Piñera o la presidenta Bachelet. Hay posibilidades de hacerlo, el tema es que tenemos que hacerlo, porque estas personas están acá y muy probablemente no se van a ir. Y muchas veces, créeme, a mí me ha pasado, que uno piensa en una persona en situación irregular y se imagina quizás qué cosa, pero a veces es el dentista que te atiende o el médico general al que fuiste. Si son personas que trabajan, pagan impuestos y cumplen la ley, lo relevante es darles la posibilidad de regularizar, porque eso también le permite al Estado saber quiénes son las personas que están en situación irregular”.