26 / 09 / 2018
La crisis ambiental en la zona de Quintero-Puchuncaví -donde, desde mediados de agosto, se han decretado alertas sanitarias y varias personas han resultado intoxicadas- fue analizada en un conversatorio organizado por el Programa de Derecho y Política Ambiental, la Clínica de Justicia Ambiental y el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el pasado 12 de septiembre.
En el evento, expusieron Alejandra Donoso, profesora de la Clínica Jurídica de Justicia Ambiental UDP; Victoria Caroca, química de la USACh y científica de la fundación Relaves; Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental; y Judith Schönsteiner, profesora y miembro del Centro de DD.HH. UDP.
La profesora Donoso expuso sobre los antecedentes históricos de la denominada “zona de sacrificio” -el cual tiene un cordón industrial con 19 industrias contaminantes y molestas- y cómo se ha desarrollado la actual crisis que se vive en la zona. Esto, gracias a su visión que ha adquirido al trabajar representando a las comunidades en ese sector. Según comentó, antes de que empezara la crisis actual -el 21 de agosto pasado- en Quintero-Puchuncavi habían ocurrido dos derrames de petroleo, 8 episodios de intoxicación, 25 varamientos de carbón y 26 peaks de dióxido de azufre.
“Hay un nivel de desinformación respecto de lo que está respirando la gente allá y también, por lo tanto, hay desinformación en cuanto cuáles son los efectos que existen en la salud (…) los hospitales no tienen profesionales suficientes, no hay protocolos adecuados”, dijo.
En tanto, Victoria Caroca comentó el conflicto sobre la contaminación del territorio desde 1961, cuando se creó el parque industrial, detallando las principales emisiones de las empresas. También las consecuencias de la salud que generan estos contaminantes. Explicó que diversos estudios sobre el riesgo ecológico a la Bahía de Quintero -como uno del Ministerio del Medio Ambiente en 2014- mostraron “altas concentraciones de metales en agua y sedimentos”, donde esa zona presenta “bioacumulación, en base a la medición de concentración de metales en organismos marinos”.
Para la profesora Hervé presentó su visión del caso desde la justicia ambiental. “Es un caso paradigmático en materia de injusticia ambiental, porque tenemos una pequeña proporción de habitantes de la V Región que han debido soportar las cargas ambientales que se generan a raíz de este desarrollo industrial que es producto de una decisión de política nacional de desarrollo”.
Agregó que “la justicia ambiental se ha postulado como un principio jurídico, que es un estándar o una norma jurídica que entrega ciertas razones o criterios para adoptar una decisión. Entender a la justicia ambiental como un principio jurídico implica entender que se trata de una obligación jurídica y no es un objetivo que podría proponerse dentro de una política ambiental”.
La justicia ambiental, explico la profesora, tiene dos dimensiones: una “distributiva” que busca la “equidad en la distribución en las cargas y beneficios ambientales” y una “política” que apunta “a la existencia de una participación significativa en la adopción de decisiones ambientales”. Así, detalló algunas normas en el derecho comparado que se podrían aplicar al caso chileno y que hubiesen ayudado en la crisis de Quintero-Puchuncavi.
Por último, la profesora Schönsteiner habló sobre la responsabilidad desde el Derecho Internacional, distinguiendo la responsabilidad del Estado para prevenir y proporcionar el acceso a la Justicia a las personas; de las empresas privadas por respetar los DD.HH y la responsabilidad del Estado por respetar las actividades u omisiones de sus empresas estatales.
Detalló que las responsabilidades del Estado en este caso “son prevenir las intoxicaciones, ya sea eliminándolas desde su fuente o temporalmente evacuando las personas hasta tener seguridad sobre la toxicidad y el nivel de riesgo asociado a las exposiciones a la contaminación”. También que debe contar con los “medios de fiscalización constantes y de emergencias adecuados”, asegurar el tratamiento apropiado de salud y proveer el acceso a la justicia, reparar el daño sufrido y remediar el daño histórico, entre otras.
Ve el conversatorio entero acá
Presentación recurso de protección
Clínica Jurídica de Justicia Ambiental UDP también presentó, el 20 de septiembre, un recurso de protección contra el Ministerio de Medio Ambiente por la crisis ambiental que se vive en la zona de Quintero-Puchuncavi.
Este recurso es una de las cinco acciones legales que diferentes organizaciones han presentado en los últimos días tras los últimos episodios graves de contaminación en la zona, que han provocado malestares en la población que vive en la zona.
El recurso de protección -presentado por el profesor Diego Lillo- dice que la situación ambiental en la zona de Quintero y Puchuncaví ” ha sido un reflejo de la inequidad e injusticia en la distribución de las cargas ambientales en Chile, constituyendo un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Chile y de las empresas que funcionan en el lugar”, que se remonta desde 1961 cuando se inauguró el Parque Industrial.