¿Fue impertinente la Corte de Antofagasta? El debate por el fallo que declaró ilegal escuchas a Josefina Huneeus, comenta Víctor Beltrán

Por medio del recurso de apelación presentado por el fiscal Juan Castro Bekios, el Ministerio Público acusó a los ministros del tribunal de alzada de exponer cuestiones “que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico” y de emitir “opiniones políticas”. Expertos analizan el conflicto.

A juicio de Víctor Beltrán, académico e investigador del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP, el lenguaje que utilizaron los ministro de Antofagasta es “contundente”, por lo que podría gustar más o menos, aunque descarta que con ello se hayan excedido los límites de la función jurisdiccional. “Por una parte, considero que la frase sobre prácticas “propias de tiempos pretéritos de la República”, es más bien un recurso argumentativo que busca dar cuenta de la gravedad de las vulneraciones de derechos fundamentales constatadas en el caso y no es la razón principal por la cual se acoge el recurso de amparo”, aseguró.

Por otro lado, el profesional también hizo presente que la Corte no está cuestionando la inteligencia de las personas en general, “sino que se trata de una técnica retórica para evidenciar lo absurdo e irracional de las explicaciones proporcionadas por la policías y el Ministerio Público. Lo que quiere la Corte es destacar que las justificaciones presentadas no solo son jurídicamente insuficientes, sino que además carecen de cualquier verosimilitud fáctica. En otras palabras, es un recurso para subrayar que las justificaciones presentadas son tan débiles que resultan ofensivas”.

Así las cosas, Beltrán recalcó que “pese a la contundencia del lenguaje utilizado por la Corte, el hecho de que se plasme en la sentencia cumple una función procesal esencial. Una sentencia debe estar fundamentada de manera tal que refleje fielmente el razonamiento del tribunal, incluyendo su evaluación sobre la credibilidad y solidez de los argumentos presentados. Es precisamente esto, la reproducción del razonamiento, lo que permite luego deducir los recursos correspondientes para controlar la decisión o incluso, como lo solicita el Ministerio Público, buscar la aplicación de sanciones”.