Senadores y la idea de una Ley Mordaza 2.0: expertos advierten grave amenaza a la libertad de prensa, comenta Javier Couso

Javier Couso dice que el texto presentado por los legisladores en su mayoría es razonable cuando se refiere a castigos para fiscales, policías, jueces e intervinientes del proceso penal. “Está bien el buscar que un hecho como lo es una filtración de información reservada no quede impune, que para un fiscal o un PDI o un perito no sea gratis la entrega de información de un caso”, apunta. Sin embargo, de inmediato explica que el mayor problema radica en dos artículos que “tal y como están redactados no pasan un test constitucional”.

En esa línea, dice Couso, es peligroso cuando habla de modificar el artículo 226 J del Código Procesal Penal y se sostiene que se castigará a “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza(…) Ahí está diciendo que penaliza a toda persona, el “el que” sin ningún calificativo tiene un grave efecto para la libertad de expresión; ahí no explicita que se habla de un individuo que tuvo accedo porque es fiscal, policía o -incluso- testigo, sino que “el que” alcanza a, por decirlo de alguna forma, a cualquier hijo de vecino que informa, divulga, entregue datos, y eso impacta en lo que hacen, justamente, los periodistas”, analiza.

Junto con esto, el académico sostiene que da igual que las penas propuestas ahí mismo sean bajas, porque “lo que ahí preocupa es el efecto inhibitorio, que puede ser tremendo”. Couso insiste: “Esta filosofía de proyectar un deber absoluto de resguardo de la información a un fiscal, juez, policía o cualquier interviniente, un perito, un testigo, al querellante, todo eso está bien, bienvenido sea, pero esos dos artículos de la forma en que están redactados alcanzan y hacen responsable ante la ley al medio y al periodista, por lo que me parece de dudosa constitucionalidad”. Finalmente expresa que “es legítimo que un periodista ocupe algo obtenido de forma ilícita, ya que es una filtración, pero el bien superior ahí es el interés público; pero si eso llega a ser ley va a ser muy peligroso, ir en contra del periodismo es muy peligroso”.